Jorge Brito Obreque
En el contexto de la reforma a la educación superior que se está discutiendo en nuestro país, de la cual se habla y se escucha mucho, pero al final del día la mayor parte de la gente poco conoce, un tema de fondo que vale la pena comentar dice relación con la nueva institucionalidad del sistema de aseguramiento de la calidad.
Este factor, que en países desarrollados y en países de América latina, como Colombia y México es un tema institucionalizado y normado. Para nuestro país, se ha transformado en un imperativo fundamental en un escenario que ha estado marcado por una explosiva oferta educacional durante las últimas décadas, generada al amparo de la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, y que no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Con todas las virtudes y vicios que ello conlleva.
Para poner esto un poco en perspectiva, hasta antes de la reestructuración de 1981, existían sólo ocho universidades en el país, dos de ellas eran estatales y las demás privadas con subvención estatal. Actualmente, son 60 las universidades que funcionan en Chile. Asimismo, si en 1986 eran 200 mil los estudiantes de Educación Superior –tanto en universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica– actualmente esa cifra es seis veces superior.
La forma en que se está replanteando la institucionalidad apunta, entre otros factores, a colocar un mayor énfasis en el aseguramiento de la calidad, que facilite la incorporación al sistema y que potencie la rigurosidad tanto en las evaluaciones como en los seguimientos.
Con respecto a esto último, un tema nuevo dice relación con las nuevas clasificaciones de la acreditación institucional. Se está pensando en cuatro escenarios: no acreditación, acreditación básica, acreditación satisfactoria y acreditación con excelencia. Con el riesgo de cierre para aquellas que no cumplan los requisitos mínimos. Tema no menor sobre todo para los 43 institutos profesionales y los 54 centros de formación técnica, apenas 17 y 19, en cada caso, se encuentran acreditados institucionalmente.
Todavía queda mucho por analizar y discutir, como, por ejemplo, una visión con una mirada más transversal y no tan enfocada sólo en las universidades, considerando que la mayor cantidad de alumnos están en IP y CFT. Pero, lo concreto, es que se debe avanzar hacia la consecución de un sistema que garantice no sólo la calidad de los profesionales que están egresando de las diversas instituciones sino que, asimismo, regule de manera más estricta y con visión de Estado qué entidades son merecedoras de tener esta responsabilidad formativa.
