Jorge Brito Obreque
En la abultada agenda noticiosa nacional, cruzada aún –y quizás por cuánto tiempo más– por los escándalos de los financiamientos irregulares de las campañas políticas, el a ratos incierto derrotero de la Reforma Educacional, el proyecto que busca reestablecer el control preventivo de identidad, la polémica entre taxistas y Uber, las estafas empresariales piramidales y el reciente colapso producido en Santiago, el domingo recién pasado, por el desborde del río Mapocho, un tema de fondo parece estar pasando desapercibido en la opinión pública. Me refiero al proceso constituyente que anunció la Presidenta Bachelet en octubre de 2015 y que, la semana pasada, según lo informó la mandataria a través de cadena nacional, entró a su segunda etapa, donde se espera una amplia participación ciudadana a través de cabildos.
Sin embargo, la encuesta Plaza Pública Cadem, dada a conocer este lunes recién pasado, arrojó como resultado que si bien el 72% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, un 81% no tiene la menor idea respecto de cómo participar en el proceso.
Asimismo, indicó que la citada cadena nacional fue vista sólo por un 40% de los encuestados, la transmisión con el nivel de conocimiento más bajo de las realizadas por la Presidencia, según datos de esta misma empresa. Peor aún, un 31% ha visto en los medios de comunicación la campaña del Gobierno sobre el proceso constituyente y sólo un 36% dice que sabía que, a fines de este mes, comienzan a funcionar los encuentros locales.
A nivel de personeros, la semana pasada, el ex Ministro del Interior y actual agente chileno ante La Haya, José Miguel Insulza, advirtió que «si no hay disposición de las otras fuerzas políticas a enfrentar esta fase y discutir con la gente y discutir en los cabildos, ciertamente eso no va a cumplir todas las funciones que podría cumplir».
Otro líder de opinión que salió a escena fue el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien lo calificó como una especie de focus group ampliado “cuyos resultados serán exhibidos como la decisión adoptada por el pueblo”, a través de la columna que escribe en El Mercurio. Advierte que habrá minorías organizadas cuya opinión será la que prevalezca a la larga y que el Gobierno adoptará como suya, y que, llegado el momento de la discusión con los órganos de representación, bien podría generarse un conflicto respecto de cuál representa de mejor forma el sentir mayoritario.
Lo único que parece estar claro a estas alturas es la necesidad de contar con una nueva carta fundamental. Lamentablemente, ya sea por errores estratégicos comunicacionales del Gobierno, por desidia de la población o por una creciente falta de confianza en nuestra clase política, Chile hasta el momento pareciera no ser digno de dejar en el pasado la Constitución del 80.