Ya son más de 20 días en los cuales los chilenos han realizado constantemente manifestaciones en diversas ciudades del país, las cuales han estado orientadas a exigir mayor justicia social y bienestar para toda la comunidad. En estas semanas hemos visto como la ciudadanía ha expresado su descontento con la clase política, dado el actual sistema económico que en los últimos 30 años sólo ha ampliado la distancia entre los sectores sociales.
El desarrollo de estas movilizaciones ha derivado en la conformación de cabildos ciudadanos, instancias que buscan discutir sobre qué medidas e iniciativas deberían realizarse para poder dar solución a las problemáticas. En ese contexto, hemos visto como gran parte de la ciudadanía se moviliza para frenar la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales, llevando a cabo momentos de protesta como de reflexión, pensando en cómo avanzar en una sociedad de bienestar para todos sus habitantes.
Frente a esto, el gran dilema que surge es si la máxima autoridad política podrá asumir el desafío de crear una nueva constitución, como el 87% de la ciudadanía está exigiendo –según las cifras de la encuesta CADEM-, acción que serviría para poder proyectar de mejor forma el país hacia el futuro. Si el presidente tiene una visión de Estado y asume las demandas del pueblo, pasará a la historia como el gobernante que permitió generar las transformaciones sociales que la ciudadanía está pidiendo. Sin embargo, en el caso contrario, si sólo se enfrenta la crisis con medidas “parche”, no se estará atacando el problema de fondo y la complicación seguirá latente. Ahí está el gran dilema del poder ejecutivo, ya que, si no muestra capacidad estadista, mostrando aptitudes para dirigir el proceso, caerá en una instancia desestabilizadora del sistema democrático.
Por ende, para desarrollar el proceso de cambios sociales en un estado de derecho, son las instituciones quienes deben hacer su labor para encauzar y dar respuesta a las demandas que la ciudadanía está pidiendo, ya que lo que vivimos hoy en día no requiere una solución social, sino política, por lo que todo lo que las estructuras que componen el estado deben funcionar y aportar a este proceso.
En consecuencia, la violencia no nos puede paralizar y desviar el foco de atención aquí deben funcionar las instituciones de justicia encargadas de sancionar los actos vandálicos. Debemos mirar más allá y avanzar en construir los pasos necesarios para generar un plebiscito y una carta fundamental mediante el diálogo. El principal responsable es el mundo político, ya que, si son capaces de hacer las lecturas pertinentes y entender los fenómenos que estamos viviendo, viéndolo como una oportunidad para el desarrollo, se podrá consolidar un sistema democrático mucho más sólido, ya que estamos transitando por una delgada línea de proyección y sostenimiento de la democracia, y es labor de las autoridades elegidas popularmente mantener la consistencia de este sistema.
Jorge Brito Obreque
Ing. agrónomo
Junta Adelanto del Maule
