Según distintos autores se entiende por vulneración de derechos a toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cabe señalar que la convención de los derechos del niño establece que los países que la ratifican deben asegurar que todos los niños y niñas se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; tengan acceso a educación y a salud; puedan desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos; crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
Asimismo, la convención articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas sobre la base de cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas. Chile suscribió este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, hito que marcó un punto de inflexión respecto de la promoción y protección de los derechos de las personas menores de 18 años a nivel internacional, sin embargo, en nuestro país esta declaración no alcanzó para provocar cambios profundos.
A pesar de que dicha convención establece cuáles son los marcos éticos y legales en el cuidado de la infancia, y que supone el rol de garante de derechos para los Estados, niñas, niños y adolescentes siguen siendo objeto de invisibilización y maltrato en nuestro país, cuestión acentuada a partir de los hechos mostrados en medios de comunicación masivos y redes sociales durante la crisis social que vivimos, y en la actualidad con la Pandemia producto de Covid-19.
Sin embargo se olvida lo mucho que se avanzó estos últimos 20 años en esta materia considerando las políticas públicas establecidas en nuestro país con respecto a este tema. Si bien falta mucho por desarrollar y profundizar en todo lo relacionado a la vulneración de los derechos, se debe hacer memoria y ver cómo estaba este tema hace dos décadas en nuestro país.
Este proceso es y será difícil, por lo que como sociedad se debe contribuir de distintas maneras y el estar realmente comprometidos con la infancia de nuestro país, lo que implica que en los proyectos de SENAME -en cuanto a protección- exista el compromiso real y vocación para contribuir de distintas maneras en la superación e interrupciones de estas vulneraciones que afectan en el diario a niños, niñas y adolescentes.
Hay que considerar una mirada y acciones de manera integral que es requerida no tan solo de este servicio sino que más bien de las diferentes entidades, tales como: salud, educación, entidades legales y del mismo rol que le corresponde al estado chileno a través de políticas públicas de infancia actualizadas tanto para prevenir situaciones de vulneración como para la interrupción de estas.