Jorge Brito Obreque
A horas de concluir este particular 2015, suena como repetitivo y poco fructífero seguir haciendo balances de lo que fue este año que, para los chilenos, no ha sido precisamente muy alentador. Quizás, para la gran mayoría de la gente, lo destacable de recordar será la obtención de la Copa América y el inicio del proceso de gratuidad para la educación superior.
La corrupción que salió a la luz afectando a sectores de la clase política, empresarial, fuerzas armadas e, inclusive, de la dirigencia deportiva, dejó en evidencias serias falencias de una sociedad a la que calificamos, jactanciosamente por años, como ejemplo de probidad y transparencia a nivel latinoamericano.
Pero lo hecho, hecho está. Hay que sacar lecciones -es urgentemente necesario-, aprender de los errores. Y, en este derrotero, hay que poner atención en aquello que nos abre posibilidades de cambio y de aprovechar nuevas oportunidades.
Al respecto, es necesario advertir que quizás ha pasado desapercibido para la opinión pública un hecho que, durante el último mes, ha tenido un par de hitos bastante significativos, y que es de aquéllos que vale la pena destacar puesto que, al revés de hacernos mirar una y otra vez hacia el pasado lamentándonos, nos permite ver con renovadas esperanzas el futuro.
Desde fines de noviembre y hasta sólo hace unos días, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado se han dado importantes avances en el proyecto de reforma constitucional que permite la elección directa de los Intendentes y que, tal como se acaba de aprobar, recibirán la denominación de Gobernadores Regionales.
En concreto, lo que se ha definido hasta ahora, junto con lo anterior, es que esta nueva autoridad será elegida en cada región en primera vuelta (es decir, por mayoría simple) a contar de 2017 y por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegida indefinidamente; detentará la presidencia del Consejo Regional; tendrá a su cargo la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos; y deberá fiscalizar el funcionamiento del sistema de transporte y de las políticas de planificación urbana. A su vez, el representante del gobierno central, que tendrá tareas propias de él como el orden público, recibirá el nombre de Delegado Presidencial.
Sin lugar a dudas que es una noticia que llega para darnos esperanza de poder caminar hacia una efectiva regionalización y descentralización, disminuyendo los vicios y deficiencias del marcado centralismo que ha caracterizado a nuestro país. Es un histórico paso en este sentido y anhelado proceso que permitirá una mayor participación en la toma de decisiones a nivel regional, posibilitando un efectivo progreso a todo nivel y, especialmente, creer en las capacidades locales, lo que permitirá desarrollar capital humano y social. A contar de 2017, si todo sigue como está planificado, cada una de las regiones comenzará a empoderarse en la gestión y administración de lo que hasta hoy sigue siendo definido desde Santiago.
Con este tipo de noticias, sí que se puede desear un feliz y próspero año 2016.